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Entre los archivos que López Burgos, sobreviviente de Automotores Orletti, entregó a la justicia hay listas con los nombres de los ciudadanos buscados por “actividades subversivas”. Varios de ellos permanecen desaparecidos.
Era un secreto a voces que la embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco de exiliados”, dijo Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor y ex detenido de Automotores Orletti, al presentar la denuncia penal ante la justicia argentina a un centenar de funcionarios civiles y militares de su país por su participación en la coordinación del plan de represión ilegal.
Durante años, López Burgos junto a la Mesa Permanente contra la Impunidad de Uruguay, realizó un trabajo artesanal de relevamiento documental que revela la participación esencial de la embajada uruguaya en Buenos Aires en la inteligencia sobre exiliados uruguayos en el país.
Los documentos, a los que accedió Tiempo Argentino, prueban la colaboración entre la Cancillería uruguaya, la embajada uruguaya en Argentina y otros consulados uruguayos en el país para realizar trabajos de inteligencia sobre sus ciudadanos residentes en el país.
Entre esos archivos figuran circulares que contenían los listados de ciudadanos requeridos por la justicia militar uruguaya por realizar “actividades subversivas” y que eran distribuidos en las embajadas y consulados. En un documento de marzo de 1975 figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto a su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti.
Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su hermana o hermano que habría nacido en cautiverio. En la lista también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de 1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.
Como señaló López Burgos, el método que utilizó la dictadura uruguaya para detectar “actividades subversivas” de sus ciudadanos en argentina, que en ese momento calculaban en 1,3 millones, era a través de su embajada. Este procedimiento fue explicado de manera didáctica en un comunicado del Cónsul General del Uruguay, Adolfo Menini Terra, dirigido al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero (ver facsímil).
“En cuanto al porcentaje de ciudadanos uruguayos que a juicio de funcionarios consulares puedan estar vinculados a actividades subversivas, naturalmente es una apreciación muy difícil de establecer”, escribe Menini Terra al embajador en argentina el 7 de diciembre de 1978. “La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares”, agrega el texto. En el mismo cable, Menini Terra le recuerda que en Buenos Aires hubo 300 “trámites motivados por actividades subversivas”.
“Este documento ilustra en forma muy clara las modalidades institucionalizadas de colaboración e intercambio de datos destinadas a informar a Montevideo sobre las actividades de los exiliados, y las diversas solicitudes recibidas de uruguayos residentes en el exterior que solían remitirse a los organismos de inteligencia militar o policial para recabar antecedentes antes de autorizarlas o denegarlas”, explicó a Tiempo la abogada Mariana Leonor Neves Rodríguez, querellante en la causa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide.
En otros dos cables, de principios de 1978, desde Montevideo le piden a sus diplomáticos en Argentina “realizar gestiones para lograr ubicación paradero” de dos militantes que estaban desaparecidos por la dictadura argentina y eran requeridos por la justicia militar uruguaya por sus vínculos con “actividades extremistas”. En el caso de Alberto Cecilio Mechoso Mendez, militante del PVP que permanece desaparecido, la Embajada de Uruguay tenía constancia de que su mujer había denunciado su detención por parte de la Policía Federal. Lo mismo sucedió con Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, militante de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), quien continúa desaparecido. <
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