Magdalena Sepúlveda Carmona es abogada, chilena y desde 2008 Relatora especial de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. Su actual agenda como Relatora analiza y monitorea el fenómeno de la criminalización de la pobreza. En este contexto la entrevistamos para preguntarle cuál es la relación entre la criminalización de la pobreza, el aborto inseguro y el acceso al misoprostol.
¿Cuál sería la relación entre la criminalización de la pobreza y el aborto clandestino en aquellos países donde el aborto está prohibido?
En la práctica, en aquellos países donde el aborto está prohibido, las únicas mujeres para quienes el aborto clandestino supone un riesgo vital son las mujeres pobres que no pueden pagar los servicios de un médico privado para acceder a un aborto seguro, sin riesgo para su salud ni sus vidas. En este sentido, la prohibición del aborto fuerza a las mujeres más pobres a recurrir a métodos inseguros y las expone a ser denunciadas por los equipos de salud cuando recurren a un hospital público por complicaciones (infecciones y hemorragias) causadas por un aborto clandestino. En definitiva, la experiencia en América Latina y otras regiones muestra que la prohibición del aborto no disuade a las mujeres que quieren abortar, sino que solamente aumenta la cantidad de abortos inseguros y promueve la penalización selectiva sobre las mujeres más pobres y discriminadas que buscan ayuda en los hospitales públicos.
¿Qué rol juega para la vida de las mujeres el misoprostol, una droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por estar ampliamente disponible, ser segura y efectiva para abortar?
Para la OMS el uso correcto del misoprostol es la única forma segura que tienen las mujeres para abortar en sus casas hasta la semana 12 de embarazo, con muy bajos riesgos de infecciones y hemorragias. Desde esta perspectiva, garantizar el acceso al misoprostol le permite a las mujeres reducir el riesgo de los abortos inseguros y evitar ser denunciadas y criminalizadas por los médicos y otros funcionarios públicos.
¿Qué papel juega desde la perspectiva de derechos humanos el acceso a la información pública sobre el uso correcto del misoprostol y la receta para que las mujeres puedan acceder al medicamento legalmente en las farmacias y salas de salud comunitaria?
Ambos elementos son esenciales. Sin información pública a través de canales de difusión de acceso masivo y popular, en un lenguaje claro y simple, no técnico y sin paternalismos, las mujeres con un embarazo no deseado no tendrán opciones reales. La Información pública acerca del uso correcto del misoprostol les permite a las mujeres optar por un método que no pone en riesgo sus vidas, que es seguro, y les hace accesible la posibilidad de terminar un embarazo no deseado, sin arriesgar sus vidas. Para ello, la información debe diseminarse a través de canales de difusión populares, no elitistas, en lenguaje común y de contenido adecuado. Obviamente esta información debe estar acompañada de la posibilidad concreta de poder comprar el misoprostol de manera legal, con la correspondiente receta médica en el primer nivel de atención de salud. Si el uso del misoprostol reduce el daño del aborto inseguro, entonces la receta médica sería una obligación ética para los médicos. Idealmente, deberíamos incluso exigir que sea de acceso gratuito para las mujeres que no cuentan con los medios económicos para comprarlo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, estas son las condiciones mínimas y esenciales para que las mujeres más pobres tengan acceso a un aborto que no ponga en riesgo su salud ni sus vidas.
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