” Y por si quedaran dudas: en 2007, cuando era candidato a gobernador, Capitanich se reunió con el embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, y le expresó que él “no compartía el sentimiento antinorteamericano de la población argentina”, según revelaron en 2011 cables de Wikileaks.
El emplazamiento del Comando Sur había sido presentado públicamente como un centro de ayuda humanitaria para hacer frente a catástrofes naturales o epidemias. En el predio lindero al aeropuerto de Resistencia, se construyeron dos edificios, financiados por el Comando Sur, que depende del Pentágono y no de la embajada de EE UU en Buenos Aires.
La inauguración estaba prevista para fines de mayo. Pero encontró el rechazo abierto de la población chaqueña, que el pasado 2 de abril y el 25 de mayo, protagonizó dos marchas multitudinarias. Los manifestantes entonaron consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur que suponía la instalación de una base militar encubierta, con capacidad para espiar los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión, y sus vecinos, realizar acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las fuerzas armadas y la población civil.
Curiosamente, los grandes medios nacionales que en su momento despellejaron a Capitanich por sus desaveniencias con su ex mujer, la ex ministra de Salud provincial, Sandra Mendoza, guardaron un llamativo silencio frente al sigiloso desembarco del Comando Sur.
La reacción de las organizaciones sociales, culturales y políticas en la provincia fue enorme, y “hubo también mucha repercusión en los países de la Unasur y en el resto de los países del continente. Además, pendía sobre Capitanich un pedido de juicio político por parte de la Legislatura provincial, ya que ningún gobernador puede firmar un convenio con el Comando Sur.
Pese a que Jorge Capitanich es un aliado de Cristina Kirchner, la presidenta, la Cancillería y el Ministerio de Defensa no estaban dispuestos a permitir que el Comando Sur ingresara a la Argentina mediante una argucia legal facilitada por el complaciente gobernador chaqueño. El convenio bilateral al que recurrieron Capitanich y el Pentágono para justificar su presencia en el Chaco se llama “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”. Fue impulsado por el Comando Sur y la embajada estadounidense y aprobado por el Ministerio del Interior, “como un aporte a los programas sociales del gobierno”. Sin embargo, la disposición de Capitanich para complacer los intereses estratégicos de Estados Unidos estaba en curso de colisión con las posiciones de Argentina dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), bloques regionales que excluyen a Estados Unidos.
Para abortar el desembarco del Pentágono en el Chaco, el gobierno nacional vetó el ingreso del equipo tecnológico, las computadoras, los radares y el sistema operativo para el funcionamiento de la base estadounidense y ahora se discute la devolución de los 3 millones de dólares que el Comando Sur donó para las instalaciones.
Reprendido por el gobierno nacional, Capitanich tuvo que dar un giro de 180 grados. El pasado 22 de mayo, aclaró que las instalaciones en el aeropuerto de Resistencia servirán de sede permanente a la Defensa Civil. Ese mismo día envió a la Legislatura un proyecto para derogar la Ley 2014 de Defensa Civil y sancionar la de Protección Civil Provincial, lo que implicaría prohibir cualquier colaboración con el Comando Sur de Estados Unidos, como así también la instalación de fuerzas extranjeras en la provincia.
Capitanich explicó que la Ley 2014 fue sancionada en un gobierno de facto y cuenta con términos de carácter castrenses que no se relacionan con la realidad objetiva que implica la articulación con un sistema de prevención de catástrofes.
La experta en geopolítica y miembro del Centro de Militares por la Democracia (Cemida) Elsa Bruzzone afirma que la de Chaco iba a ser una base militar encubierta. “Las bases descubiertas operan a la luz del día –dice–. Las encubiertas se esconden detrás de estos centros de ayuda humanitaria o en instalaciones cercanas a algún aeropuerto”, explica. “Edifican una construcción que parece civil, pero que la pueden transformar en militar cuando sea necesario porque tienen una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran porte.” Según estudios del Cemida, en el aeropuerto de Resistencia pueden aterrizar aviones militares con cargas pesadas, como los C-130 Hércules, C-17 Globemaster III y C-5 Galaxy.
A pesar de que en el caso chaqueño al Comando Sur le salió el tiro por la culata, es evidente que existe una estrategia silenciosa que trabaja en una política de disciplinamiento del continente: el 5 de abril pasado, se inauguró en Concón, Chile, un centro de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU que fue construido con 500 mil dólares aportados por el Comando Sur. El Pentágono también firmó un acuerdo con el gobierno uruguayo para que los SEAL estadounidenses –la misma fuerza que perpetró el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán–, ingresen armados al país a entrenar a los Fusileros de la Armada y a establecer su “cabeza de playa” para ir incursionando territorio adentro.
Según la mexicana Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México –Unam– y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, “hay una serie de rutas no tan visibles y que suponen una intervención mas silenciosa y que se encamina a apoyar a grupos de oposición internos o a introducir recursos para montar escenarios que no obedecen a las lógicas internas de los países”.
Ceceña sostiene que Estados Unidos modificó su estrategia: “Ahora el estilo de intervención es distinto. Las bases militares son presentadas como centros de ayuda humanitaria, de atención a emergencias o de entrenamiento, y permiten una interacción constante con las fuerzas locales, mezclan personal policíaco y militar. Esto se asemeja mucho a una especie de Escuela de las Américas desagregada”, remata Ceceña.
El emplazamiento del Comando Sur había sido presentado públicamente como un centro de ayuda humanitaria para hacer frente a catástrofes naturales o epidemias. En el predio lindero al aeropuerto de Resistencia, se construyeron dos edificios, financiados por el Comando Sur, que depende del Pentágono y no de la embajada de EE UU en Buenos Aires.
La inauguración estaba prevista para fines de mayo. Pero encontró el rechazo abierto de la población chaqueña, que el pasado 2 de abril y el 25 de mayo, protagonizó dos marchas multitudinarias. Los manifestantes entonaron consignas de rechazo al acuerdo del gobierno provincial con el Comando Sur que suponía la instalación de una base militar encubierta, con capacidad para espiar los sistemas de armas y fuerzas militares del país anfitrión, y sus vecinos, realizar acciones de infiltración, relevamiento, influencia y control sobre las fuerzas armadas y la población civil.
Curiosamente, los grandes medios nacionales que en su momento despellejaron a Capitanich por sus desaveniencias con su ex mujer, la ex ministra de Salud provincial, Sandra Mendoza, guardaron un llamativo silencio frente al sigiloso desembarco del Comando Sur.
La reacción de las organizaciones sociales, culturales y políticas en la provincia fue enorme, y “hubo también mucha repercusión en los países de la Unasur y en el resto de los países del continente. Además, pendía sobre Capitanich un pedido de juicio político por parte de la Legislatura provincial, ya que ningún gobernador puede firmar un convenio con el Comando Sur.
Pese a que Jorge Capitanich es un aliado de Cristina Kirchner, la presidenta, la Cancillería y el Ministerio de Defensa no estaban dispuestos a permitir que el Comando Sur ingresara a la Argentina mediante una argucia legal facilitada por el complaciente gobernador chaqueño. El convenio bilateral al que recurrieron Capitanich y el Pentágono para justificar su presencia en el Chaco se llama “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”. Fue impulsado por el Comando Sur y la embajada estadounidense y aprobado por el Ministerio del Interior, “como un aporte a los programas sociales del gobierno”. Sin embargo, la disposición de Capitanich para complacer los intereses estratégicos de Estados Unidos estaba en curso de colisión con las posiciones de Argentina dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), bloques regionales que excluyen a Estados Unidos.
Para abortar el desembarco del Pentágono en el Chaco, el gobierno nacional vetó el ingreso del equipo tecnológico, las computadoras, los radares y el sistema operativo para el funcionamiento de la base estadounidense y ahora se discute la devolución de los 3 millones de dólares que el Comando Sur donó para las instalaciones.
Reprendido por el gobierno nacional, Capitanich tuvo que dar un giro de 180 grados. El pasado 22 de mayo, aclaró que las instalaciones en el aeropuerto de Resistencia servirán de sede permanente a la Defensa Civil. Ese mismo día envió a la Legislatura un proyecto para derogar la Ley 2014 de Defensa Civil y sancionar la de Protección Civil Provincial, lo que implicaría prohibir cualquier colaboración con el Comando Sur de Estados Unidos, como así también la instalación de fuerzas extranjeras en la provincia.
Capitanich explicó que la Ley 2014 fue sancionada en un gobierno de facto y cuenta con términos de carácter castrenses que no se relacionan con la realidad objetiva que implica la articulación con un sistema de prevención de catástrofes.
La experta en geopolítica y miembro del Centro de Militares por la Democracia (Cemida) Elsa Bruzzone afirma que la de Chaco iba a ser una base militar encubierta. “Las bases descubiertas operan a la luz del día –dice–. Las encubiertas se esconden detrás de estos centros de ayuda humanitaria o en instalaciones cercanas a algún aeropuerto”, explica. “Edifican una construcción que parece civil, pero que la pueden transformar en militar cuando sea necesario porque tienen una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran porte.” Según estudios del Cemida, en el aeropuerto de Resistencia pueden aterrizar aviones militares con cargas pesadas, como los C-130 Hércules, C-17 Globemaster III y C-5 Galaxy.
A pesar de que en el caso chaqueño al Comando Sur le salió el tiro por la culata, es evidente que existe una estrategia silenciosa que trabaja en una política de disciplinamiento del continente: el 5 de abril pasado, se inauguró en Concón, Chile, un centro de entrenamiento para las fuerzas de paz de la ONU que fue construido con 500 mil dólares aportados por el Comando Sur. El Pentágono también firmó un acuerdo con el gobierno uruguayo para que los SEAL estadounidenses –la misma fuerza que perpetró el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán–, ingresen armados al país a entrenar a los Fusileros de la Armada y a establecer su “cabeza de playa” para ir incursionando territorio adentro.
Según la mexicana Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México –Unam– y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, “hay una serie de rutas no tan visibles y que suponen una intervención mas silenciosa y que se encamina a apoyar a grupos de oposición internos o a introducir recursos para montar escenarios que no obedecen a las lógicas internas de los países”.
Ceceña sostiene que Estados Unidos modificó su estrategia: “Ahora el estilo de intervención es distinto. Las bases militares son presentadas como centros de ayuda humanitaria, de atención a emergencias o de entrenamiento, y permiten una interacción constante con las fuerzas locales, mezclan personal policíaco y militar. Esto se asemeja mucho a una especie de Escuela de las Américas desagregada”, remata Ceceña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario