Convocatoria social para afianzar el control de precios La presidenta lanzó un llamado a voluntarios de todas las organizaciones políticas, juveniles y sindicales para supervisar el acuerdo de congelamiento de 500 productos de la canasta.

El discurso por cadena nacional fue corto y conciso. Sin extenderse demasiado, pero sin ahorrar advertencias a los empresarios formadores de precios, la presidenta convocó ayer a una de las apuestas más difíciles y trascendentes de su segundo mandato. Desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario, Cristina Fernández anunció que el Estado apelará a la movilización ciudadana –el control social– para supervisar el cumplimiento del acuerdo de 500 productos de consumo masivo firmado por la Secretaría de Comercio Interior y las cámaras de supermercadistas. Tras anunciar un significativo vuelco de recursos por parte del Estado para sostener la demanda agregada, que equivale a una inversión total de 41.076 millones de pesos en 2013 (ver pág. 2), la mandataria anunció el lanzamiento de la campaña Mirar para cuidar, una iniciativa que consiste en el despliegue en el territorio de voluntarios de organizaciones juveniles, sindicatos, municipios y gobernaciones de todo el arco político que recorrerán supermercados con un objetivo común: que el cierre de la mayoría de las paritarias de este año y las subas en la asignación universal y el salario familiar sean capturados por aumentos inmediatos en los precios de las góndolas.
La decisión retoma un recurso que ya había utilizado Néstor Kirchner durante su mandato, en 2005-2006, aunque en esta ocasión el desarrollo territorial de la militancia kirchnerista –mucho más extendido que siete años atrás– garantizará un alcance mayor de las inspecciones. La propia jefa de Estado reconoció que el despliegue de jóvenes voluntarios bajo la consigna "La Patria es el otro” tras la inundación en La Plata, donde colaboraron en tareas de reparación y ayuda a los afectados, funcionó como un antecedente para esta nueva campaña. "Vamos a aprovechar este formidable potencial, ese caudal, esa energía de las organizaciones sociales, juveniles, políticas. También la responsabilidad de cada intendente, que necesita que en su pueblo a la gente le rindan (los aumentos de salario y de la AUH) y, además, que se tome más gente para trabajar", explicó Cristina. "Y lo vamos a hacer de muy buenas maneras. Como solemos hacer las cosas y como las hemos hecho frente a tragedias como las que nos tocó vivir en La Plata", agregó.
El anuncio de la presidenta implica, en cierto modo, un reconocimiento de que el plantel de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior, más allá de la voluntad enjundiosa de Guillermo Moreno, no alcanza para impedir que los formadores de precios intenten –y generalmente logren– quedarse con la mejor parte de la puja distributiva. La mandataria incluso se permitió identificar (sin nombrar a las empresas, pero casi no hacía falta) a algunos sectores muy concentrados de la economía que aprovechan el esfuerzo del Estado para mantener el nivel de actividad y los índices de empleo en la construcción. Se refería, puntualmente, al programa Pro.Cre.Ar. Según la jefa de Estado, los rubros de producción de cemento, acero, mosaicos y ladrillos aprovecharon la demanda que generó el Pro.Cre.Ar para remarcar los precios de venta mayorista. En esos sectores tienen mucho peso corporaciones como Techint y compañías de capitales brasileños, como Camargo Correa.
"No queremos que este esfuerzo formidable que hace el Estado y que hace la sociedad sea capturado por un aumento inmediato de los precios", advirtió la jefa de Estado. Luego subrayó que los empresarios que se dedican a la comercialización masiva –y mencionó a pequeños, medianos, regulares y grandes del sector– son los que realizan las remarcaciones. "Los que ponen los precios son ustedes", les recordó. "Por todo esto vamos a controlar. Pero controlar es una palabra fea. No vamos a dejar esto librado únicamente a las manos de los empresarios, o del esfuerzo que pueda poner la Secretaría de Comercio, porque es imposible", argumentó. El anuncio presidencial fue seguido desde la primera fila por el propio Guillermo Moreno; los dirigentes de La Cámpora Andrés Larroque y Juan Cabandié; los diputados del oficialismo Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, Edgardo Depetri y Agustín Rossi; los gremialistas Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Yasky (CTA), Gerardo Martínez (UOCRA), entre muchos otros. En representación del sector empresario, entre los invitados estuvo el salteño José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Consultado por Tiempo Argentino sobre el control social de los acuerdos de precios, Urtubey manifestó su acuerdo con el planteo presidencial sobre el "desarrollo sustentable" que es "responsabilidad de todos". El dirigente de la UIA negó que la iniciativa pueda causar irritación en el sector patronal. "Lo irritante sería si hay un mal funcionamiento de esto. Como concepto, la responsabilidad es de todos", insistió el salteño. "Esta es una convocatoria al conjunto de los argentinos", coincidió el jefe del FPV en Diputados. «