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lunes, 8 de agosto de 2016

Por Liliana Chiernajowsky *

El 17 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de mi hermano Miguel, asesinado por la Armada. Tenía 21 años, los sueños revolucionarios y la voluntad de cambiar el mundo que marcaron nuestra generación. Sin justicia ni piedad alguna, su cuerpo joven, aún con vida, fue arrojado al mar, sujeto a algún bulto con peso suficiente para garantizar su desaparición eterna en las profundidades inescrutables que oficiaron de silenciosas tumbas. La imagen de ese hecho terrible, indecible e inimaginable, persiguió a mi madre cada día de su vida, manifestándose en conductas como la negativa a la ingesta de pescado, por la asociación que resultaría de mal gusto explicar. Ni la locura en la que finalmente se refugió para escapar del horror de esa imagen, le ha permitido a María olvidar. Cada vez que “se conecta” y logra comunicarse con unas pocas palabras inteligibles, es para recordar y llorar, alucinada, la suerte de su hijo y de esos “pobres chicos y chicas”.
Elijo este modo de abordar el tema a sabiendas de que su lectura puede resultar desagradable y chocante. Pero no deseo despersonalizar la cuestión, ni despojarla de su carga emotiva, porque creo que la distancia y “objetivación” no necesariamente ayudan a acceder a la naturaleza de ciertos temas. En cambio, los argentinos hemos naturalizado tantas cosas, que ya casi nada nos conmueve ni nos interpela intelectualmente.
Cuando leí las declaraciones del vicario castrense, tan claras, explícitas, brutales, necesité un instante para recuperar el aliento y comprender que, efectivamente, se referían a “eso” a lo que me remitieron inmediatamente sus palabras. La fuerza significante de la imagen elegida, reenviando a otra cosa que el texto bíblico usado como excusa, podría ser reconocida automáticamente por quienes, como víctimas o victimarios, sabemos de qué está hablando. Pero me pregunté: ¿será ponderada y condenada por las instituciones democráticas, las autoridades eclesiales, en suma, por una ciudadanía efectivamente consustanciada con los principios democráticos y los derechos humanos?
La pronta respuesta presidencial, lejos de un exabrupto, debe ser rescatada por su enorme valor simbólico. No dejar pasar, no mirar para otro lado o acotarse a tratativas diplomáticas ocultas.
Con ingenuidad tozuda pensé que la Iglesia Católica, ante semejante confesión de parte, esta vez tomaría distancia, condenando explícitamente al representante ideológico de los genocidas. Pero no, sólo hubo defensa corporativa y, en el mejor de los casos, un silencio bochornoso.
Imposible no relacionar los tiempos y modos de funcionamiento de la estructura eclesial con otros hechos históricos (Galileo, Giordano Bruno, los crímenes de la Inquisición, la evangelización, el silencio ante el Holocausto) sobre los cuales la autocrítica, en los casos en que la hubo, se limitó a tibias referencias que requirieron muchísimo tiempo, cuando no siglos, de maduración.
Ese abroquelamiento cerrado alrededor del dogma, esa defensa abstracta de la vida desde la concepción, de la persona por nacer, mientras se tolera o se es cómplice del dolor de las vidas efectivamente humanas.
¿Cómo no pensar que el mayor interés no está puesto en la defensa del derecho a la vida sino en el control de la sexualidad humana?
Digo esto con el profundo respeto que me merecen los que, como los monseñores Hesayne y De Nevares, el obispo Angelelli, los padres palotinos y tantos sacerdotes y laicos anónimos, han dado y dan testimonio de compromiso y consecuencia. Tengo unos pocos amigos católicos practicantes que me conmueven por la fuerza y coherencia de sus convicciones a quienes pido disculpas si los ofendo con mis juicios de valor.
Lamentablemente no puedo referirme en esta breve nota al tema que motivó las declaraciones de Baseotto. El aborto es uno de esos temas que esperan la hora de un debate sincero en la sociedad, despojado de los condicionamientos y la hipocresía con los que habitualmente se lo aborda.Sólo diré que yo aborté. Que defiendo y lo he hecho siempre, el derecho de las personas, sobre todo de las mujeres, a decidir el momento y las circunstancias para dar vida a un hijo. Y que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, que jamás es ligera o frívola para ninguna mujer. Lamento que para algunos esta afirmación me haría merecedora de la suerte corrida por mi hermano. En cambio, mi preocupación siempre tuvo que ver con el hecho de no haber podido hacer nada para evitar que la hija que sí quise tener, conociera las cadenas, las capuchas y los gritos de dolor de las mazmorras de la dictadura cuando, siendo muy pequeña, fue secuestrada por la Marina junto a su padre.
Como sabemos, ningún vicario castrense –conociendo como conocían– denunció o se solidarizó jamás con tantas mujeres que, asumiendo la maternidad en condiciones tan adversas, fueron torturadas o muertas con sus embarazos a cuestas y parieron sabiendo que luego serían asesinadas y despojadas de esas vidas que acababan de engendrar.
* Ex presa política.

sábado, 6 de agosto de 2016

Cobertura Universal con menos acceso

 Por Daniel Gollan *
El anuncio realizado el día martes por el presidente Macri sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el atractivo nombre de Cobertura Universal en Salud (CUS) esconde el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Instalar el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta, es todo un criterio de época. Ya en 1978, 134 países firmaron la Declaración de Alma Ata, donde se sostenía que la Atención Primaria de la Salud debe ser la estrategia que deben darse los pueblos para mejorar su salud. Macri pretende firmar su defunción.
Lo novedoso del anuncio es que el financiamiento para la puesta en marcha de este proyecto se realizará con fondos provenientes de las obras sociales, de muy dudosa legalidad, más allá de cualquier buena o mala intención. Sin embargo, esta decisión no implicó el imprescindible debate parlamentario que su trascendencia requiere y fue resuelta en la soledad de un DNU.
El anuncio se sustenta en utilizar 29 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la siguiente manera: 8000 millones de pesos pasarán a formar parte de un fideicomiso que será administrado por una Unidad Ejecutora de la que participarán dos representantes del Ministerio de Salud de la Nación, dos de la SSS y dos de la CGT. Será allí donde se decida qué proyectos se financiarán dentro del CUS, potestad que debería ser privativa únicamente del ministerio. 2700 millones de pesos se “devolverán” a las obras sociales. 4500 millones de pesos se destinarán a un fondo discrecional de “emergencia” y con casi 15.000 millones de pesos se comprarán bonos al 2020 en una cuenta de la SSS del Banco Nación.
Nota aparte merece saber quiénes serán esos representantes de la CGT, de qué CGT, cómo se elegirán, etc.
Una observación de sentido común que hay que hacerse está referida a la sustentabilidad del proyecto. Se anuncia el financiamiento inicial con el aporte de los 8000 millones provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, que será por única vez, según el propio decreto. La respuesta ya la ha dejado entrever el ministro ante sus pares provinciales: la Nación se irá retirando progresivamente del financiamiento, transfiriéndolo a las provincias y a los municipios.
Por otra parte, se propone identificar y nominalizar a los “beneficiarios” (léase: ciudadanos o sujetos de derecho), que serían las 15 millones de personas que no tienen obra social o medicina prepaga, tarea que prácticamente ya está hecha en las bases de datos de diferentes organismos del Estado, especialmente los programas de salud. Acá aparece otro de los problemas típicos de los sistemas de aseguramiento: se generará una “canasta básica de servicios” que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, a crearse por ley como parte de este plan, se encargará de acotar para los sectores de bajos ingresos, inclusive, los que tengan obra social. La canasta básica excluye prácticas de salud que hoy existen, limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización de la salud, como se observa plenamente en todos los países que han implementado este sistema (el paradigma es Colombia). Mientras tanto, quienes no tengan obra social y necesiten medicamentos, deberán adquirirlos en farmacias pagando un porcentaje, mientras que hasta ahora los recibían gratuitamente a través del Plan Remediar y en el centro de salud, política que además redundaba en mayor y mejor atención sanitaria, y con un costo para el Estado siete veces menor que en la farmacia.
Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva cada vez más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención, como queda claro en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención, imprescindible para el funcionamiento de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud que tanto se pregona.
Simultáneamente, el ministro de Salud suspende el cobro que se hace a las empresas de medicina prepaga del 2 por mil de sus ingresos que pagaban para sostener el funcionamiento de la SSS, probablemente con la intención de asegurarle más ganancias, a costa de desfinanciar a los organismos de control del Estado.
Es una pena que se use la sana idea de integrar al subsector público de la salud y al de obras sociales para reorganizar el Sistema Nacional de Salud para este tipo de proyectos que terminarán impactando negativamente en la salud de vastos sectores de la población. Pero no es extraño en esta gestión de Cambiemos, que se especializa en presentar cosas dañosas para el pueblo como buenas, como el caso del blanqueo de capitales realizado a expensas de una supuesta “reparación histórica para los jubilados” que terminará destruyendo el sistema jubilatorio argentino. Esperemos que diputados y senadores que deben convalidar este DNU esta vez actúen diferente.
* Ex ministro de Salud de la Nación.