laorejagigante

laorejagigante
http://4.bp.blogspot.com/-sOEqDCn6H8w/Tkpt0FergQI/AAAAAAAAAAw/nlegFnuT0Y8/s760/orejon.jpg

viernes, 11 de agosto de 2017

11 tesis sobre Venezuela y una conclusión escarmentada – Por Juan Carlos Monedero

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
TwitterLos conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.


Por Juan Carlos Monedero (Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, España)
“Y se empeñaba en repetir lo mismo: “Esto no es como en una guerra… En una batalla tienes el enemigo delante… Aquí, el peligro no tiene rostro ni horario”. Se negaba a tomar somníferos o calmantes: “No quiero que me agarren dormido o amodorrado. Si vienen por mí, me defenderé, gritaré, tiraré los muebles por la ventana… Armaré un escándalo…”
Alejo Carpentier, La consagración de la primavera
1. Es indudable que Nicolás Maduro no es Allende. Tampoco es Chávez. Pero los que dieron el golpe contra Allende y contra Chávez son, y eso también es indudable, los mismos que ahora están buscando un golpe en Venezuela.
2. Los enemigos de tus enemigos no son tus amigos. Puede no gustarte Maduro sin que eso implique olvidar que ningún demócrata puede ponerse al lado de los golpistas que inventaron los escuadrones de la muerte, los vuelos de la muerte, el paramilitarismo, el asesinato de la cultura, la operación Cóndor, las masacres de campesinos e indígenas, el robo de los recursos públicos. Es comprensible que haya gente que no quiera ponerse del lado de Maduro, pero conviene pensar que en el lado que apoya a los golpistas están, en Europa, los políticos corruptos, los periodistas mercenarios, los nostálgicos del franquismo, los empresarios sin escrúpulos, los vendedores de armas, los que defienden los ajustes económicos, los que celebran el neoliberalismo. No todos los que critican a Maduro defienden esas posiciones políticas. Conozco gente honesta que no soporta lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Pero es evidente que del lado de los que están buscando un golpe militar en ese país están los que siempre apoyaron los golpes militares en América Latina o los que priman sus negocios por encima del respeto a la democracia. Los medios de comunicación que están preparando la guerra civil en Venezuela son los mismos conglomerados mediáticos que vendieron que en Irak había armas de destrucción masiva, que nos venden que hay que rescatar a los bancos con dinero público o que defienden que la orgía de los millonarios y los corruptos hay que pagarla entre todos con recortes y privatizaciones. Saber que se comparte trinchera con semejante gente debiera llamar a la reflexión. La violencia siempre debe ser la línea roja que no debe traspasarse. No tiene sentido que el odio a Maduro ponga a nadie decente al lado de los enemigos de los pueblos.
3. Maduro heredó un papel muy difícil -gestionar Venezuela en un momento de caída de los precios del petróleo y de regreso de Estados Unidos a Latinoamérica después de la terrible aventura en Oriente Medio- y una misión imposible -sustituir a Chávez-. La muerte de Chávez privó a Venezuela y a América Latina de un líder capaz de poner en marcha políticas que han sacado de la pobreza a 70 millones de personas en el continente. Chávez entendió que la democracia en un solo país era imposible y puso sus recursos, en un momento de bonanza gracias a la recuperación de la OPEP, para que se iniciara la etapa más luminosa de las últimas décadas en el continente: Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay, Mujica en Uruguay, Funes en El Salvador, Petro en Bogotá e incluso Bachelet en Chile referenciaban esa nueva etapa. La educación y la salud llegaron a los sectores populares, se completó la alfabetización, se construyeron viviendas públicas, nuevas infraestructuras, transportes públicos (después de la privatización de los mismos o la venta y cierre de los trenes), se frenó la dependencia del FMI, se debilitó el lazo con los Estados Unidos creándose la UNASUR y la CELAC. También hay sombras, principalmente vinculadas a la debilidad estatal y a la corrupción. Pero haría falta un siglo para que los casos de corrupción en los gobiernos progresistas de América Latina sumen, por citar sólo un asunto, el coste de la corrupción que significa el rescate bancario. La propaganda de los dueños de la propaganda terminan logrando que el oprimido ame al opresor. Nunca desde la demonización de Fidel Castro fue ningún líder latinoamericano tan vilipendiado como Chávez. Para repartir entre los pobres, hubo que decirle a los ricos, de América y también de Europa, que tenían que ganar un poco menos. Nunca lo toleraron, lo que puede entenderse, especialmente en España, donde, en mitad de la crisis, responsables económicos y políticos del Partido Popular robaban a manos llenas al tiempo que decían a la gente que tenía que apretarse el cinturón ¿Iba Chávez ese “gorila” a frenarles sus negocios? Desde que ganó las primeras elecciones en 1998, Chávez tuvo que enfrentarse a numerosos intentos de derribarlo. Por supuesto, con la inestimable ayuda de la derecha española, primero con Aznar, luego con Rajoy, y la ya conocida participación de Felipe González como lobbista de grandes capitales. (Es curioso que el mismo Aznar que hizo negocios con Venezuela y con Libia luego se convirtió en ejecutor cuando se lo ordenaron. Gadafi incluso le regaló a Aznar un caballo. Pablo Casado fue el asistente de Aznar en esa operación. Luego, cosas de la derecha, celebraron su asesinato).
4. Chávez no legó a Maduro los equilibrios nacionales y regionales que construyó, que eran políticos, económicos y territoriales. Eran una construcción personal en un país que salía de tasas de pobreza del 60% de la población cuando llegó Chávez al gobierno. Hay cambios que necesitan una generación. Ahí es donde la oposición pretende estrangular a Maduro, con problemas mal resueltos como las importaciones, los dólares preferenciales o las dificultades para frenar la corrupción que desembocan en desabastecimiento. Sin embargo, Maduro supo reeditar el acuerdo “cívico-militar” que tanto molesta a los amigos del golpismo. Algo evidente, pues Estados Unidos siempre ha dado los golpes buscando apoyos en militares autóctonos mercenarios o desertores. El ejército en América Latina solo se entiende en relación con Estados Unidos. Les han formado, sea en tácticas de tortura o en “lucha contrainsurgente”, sea en el uso de las armas que les venden o en el respeto debido a los intereses norteamericanos. En Venezuela, los mismos que formaron a los asesinos de la Escuela Mecánica de la Armada argentina o que sostuvieron al asesino Pinochet lo tienen complicado (el asalto por parte de mercenarios vestidos de militares a un cuartel en Carabobo buscaba construir la sensación de fisuras en el ejército, algo que a día de hoy no parece que exista). Igual que ha comprado militares, Estados Unidos siempre ha comprado jueces, periodistas, profesores, diputados, senadores, presidentes, sicarios y a quien hiciera falta para mantener a América como su “patio trasero”. El cártel mediático internacional siempre le ha cubierto las espaldas. Es la existencia de Estados Unidos como imperio lo que ha construido el ejército venezolano. Los nuevos oficiales se han formado en el discurso democrático soberano y antiimperialista. Son mayoría. Hay también una oficialidad -la mayoría ya jubilándose- que se formó en la vieja escuela y sus razones para defender la Constitución venezolana serán más particulares. Las deficiencias del Estado venezolano afectan también al ejército, aún más en zonas problemáticas como las fronteras. Pero los cuarteles en Venezuela están con el Presidente constitucional. Y por eso es aún más patético escuchar al demócrata Felipe González pedir a los militares venezolanos que den un golpe contra el gobierno de Nicolás Maduro.
5. A esas dificultades de heredar los equilibrios estatales y los acuerdos en la región (la amistad de Chávez con los Kirchner, con Lula, con Evo, con Correa, con Lugo), hay que añadir que la pugna de Arabia Saudí con el fracking y con Rusia, hundió los precios del petróleo, principal riqueza de Venezuela. Esta inesperada caída del precio del petróleo colocó al gobierno de Maduro en una situación complicada (es el problema de los “monocultivos”. Basta para entenderlo pensar qué ocurriría en España si se hundiera un 80% el turismo por causas ajenas a ningún gobierno. ¿Sacaría Rajoy siete u ocho millones de votos en una situación así?). Maduro ha tenido que reconstruir los equilibrios de poder en un momento de crisis económica brutal.
6. La oposición en Venezuela lleva intentando dar un golpe de Estado desde el mismo día que ganó Chávez. Venezuela fue el mascarón de proa del cambio continental. Acabar con Venezuela es abrir la espita para que ocurra lo mismo en los sitios donde aún no ha regresado el neoliberalismo. A las oligarquías les molestan los símbolos que debilitan sus puntos de vista. Pasó con la II República en 1936, pasó en Chile con Allende en 1973. Acabar con la Venezuela chavista es regresar a la hegemonía neoliberal e, incluso, a las tentaciones dictatoriales de los años setenta.
7. Venezuela tiene además las reservas de petróleo más grandes del mundo, agua, biodiversidad, el Amazonas, oro, coltán -quizá la reserva más grande del mundo de coltán-. Los mismos que han llevado la destrucción a Siria, a Irak o a Libia para robarles el petróleo, quieren hacer lo mismo en Venezuela. Necesitan ganarse previamente a la opinión pública para que el robo no sea tan evidente. Necesitan reproducir en Venezuela la misma estrategia que construyeron cuando hablaban de armas de destrucción masiva en Irak. ¿O no se creyó mucha gente honesta que había armas de destrucción masiva en Irak? Hoy, aquel país antaño próspero es una ruina. Quien se creyó aquellas mentiras del PP, que mire cómo está hoy Mosul. Enhorabuena a los ingenuos. Las mentiras siguen todos los días. La oposición puso una bomba al paso de policías en Caracas y todos los medios impresos publicaron la foto como si la responsabilidad fuera de Maduro. Un helicóptero robado lanzó granadas contra el Tribunal Supremo y los medios lo silencias. Son actos terroristas. De esos que abren portadas y los telediarios. Salvo cuando suceden en Venezuela. Un referéndum ilegal en Venezuela “presiona al régimen hasta el límite”. Un referéndum ilegal en Catalunya es un acto cercano al delito de sedición.
8. El cártel mediático internacional ha encontrado un filón. Se trata de una reedición del miedo ante la Rusia comunista, la Cuba dictatorial o el terrorismo internacional (nunca dirán que el ISIS es una construcción occidental financiada con capital norteamericano principalmente). Venezuela se ha convertido en el nuevo demonio. Así se les permite acusar de “chavistas” a los adversarios y les evita hablar de la corrupción, del vaciamiento de las pensiones, de la privatización de los hospitales, las escuelas y las universidades o de los rescates bancarios. Mélenchon, Corbyn, Sanders, Podemos o cualquier fuerza de cambio en América Latina son descalificados con la acusación de chavistas, ahora que acusar de comunistas o de etarras tiene poco recorrido. El periodismo mercenario lleva años con esa estrategia. Nadie nunca ha explicado qué política genuinamente bolivariana va en los programas de los partidos de cambio. Pero da lo mismo. Lo importante es difamar.Y gente de buena voluntad termina creyendo que hay armas de destrucción masiva o que Venezuela es una dictadura donde, curiosamente, todos los días la oposición se manifiesta (incluso atacando instalaciones militares), donde los medios critican libremente a Maduro (no como en Arabia Saudí, Marruecos o Estados Unidos) o donde la oposición gobierna en alcaldías y regiones. Es la misma táctica que construyó durante la guerra fría el “peligro comunista”. Por eso en España, con Venezuela, tenemos una nueva Comunidad Autónoma de la que solamente falta que nos digan al final de los telediario el tiempo que va a hacer en Caracas ese día. De cada cien veces que se dice “Venezuela”, noventa y cinco sólo buscan distraer, ocultar o mentir.
9. Venezuela tiene un problema histórico que no ha resuelto. Al carecer de minas durante la colonia, no fue un Virreinato, sino una simple capitanía general. El siglo XIX fue una guerra civil permanente, y en el siglo XX, cuando se empezó a construir el Estado, ya tenían petróleo. El Estado venezolano siempre ha sido rentista, carente de eficacia, agujereado por la corrupción y rehén de las necesidades económicas de los Estados Unidos acordadas con las oligarquías locales. El choque entre la Asamblea y la jefatura del Estado actual debiera haberse zanjado jurídicamente. Señales de la ineficiencia vienen siendo evidentes desde hace tiempo. El rentismo venezolano no se ha superado. Venezuela redistribuyó la renta del petróleo entre los más humildes, pero no ha superado esa cultura política rentista ni ha mejorado el funcionamiento de su estado. Pero no nos engañemos. Brasil tiene una estructura jurídica más consolidada y el Parlamento y algunos jueces han dado un golpe de Estado contra Dilma Roussef. Donald Trump puede cambiar a la Fiscal General y no pasa nada, pero si lo hace Maduro, Jefe del Estado igualmente elegido en unas elecciones, se le acusa de dictador. Una parte de las críticas a Maduro son tramposas porque olvidan que Venezuela es un sistema presidencialista. Es por eso que la Constitución permite al Presidente convocar una Asamblea Constituyente. Gustará más o menos, pero el artículo 348 de la Constitución vigente de Venezuela faculta al Presidente en esa tarea, igual que en España el Presidente del Gobierno puede disolver el Parlamento.
10. Zapatero y otros ex Presidentes, el Papa, Naciones Unidas vienen pidiendo a ambas partes en Venezuela que dialoguen. La oposición reunió en torno a siete millones de votos (si bien es más complicado que puedan llegar a ese acuerdo en torno a un candidato o candidata a la Presidencia del país). Maduro, en un contexto regional muy complicado, con fuertes estrecheces económicas que afectan a la compra de insumos básicos, incluidas medicinas, ha juntado ocho millones de votos (aunque sean siete, según las declaraciones tan sospechosas del Presidente de Smarmatic, que acaba de firmar un contrato millonario en Colombia). Venezuela está claramente dividida. La oposición, como otras veces, ha optado por la violencia y luego no entiende que Maduro sume tantos millones de apoyos. Si en España un grupo quemase centros de salud, quemase escuelas, disparara contra el Tribunal Supremo, asaltara cuarteles, contratara a marginales para sembrar el terror, impidiese con formas de lucha callejera el tránsito e, incluso, quemase vivas a personas por pensar diferente ¿alguien se extrañaría que la ciudadanía votase en la dirección contraria a esos locos?
11. Fracasada la vía violenta, a la oposición venezolana le quedan dos posibilidades: seguir con la vía insurreccional, alentada por el Partido  Popular, Donald Trump y la extrema derecha internacional, o intentar ganar en las urnas. Estados Unidos sigue presionando (en declaraciones a un semanario uruguayo, el Presidente Tabaré dijo que votó para expulsar ilegalmente a Venezuela del Mercosur por miedo a las represalias de los países grandes). 57 países de Naciones Unidas han exigido que se respete la soberanía de Venezuela. Como Estados Unidos no logra mayoría para forzar a Venezuela, insiste en inventar espacios (como la Declaración de Lima, sin ninguna fuerza jurídica porque no han conseguido mayoría en la OEA). La derecha mundial quiere acabar con Venezuela, aunque eso le cueste sangre y fuego a la población venezolana. Por eso algunos opositores, como Henry Ramos-Allup, han llamado al fin de la violencia. Venezuela tiene en el horizonte elecciones municipales y regionales. Es el escenario donde la oposición debiera demostrar esa mayoría que reclaman. Venezuela tiene que convocar esas elecciones y es una oportunidad excelente para medir electoralmente las fuerzas. Porque, de lo contrario, el choque que estamos viendo se enquistará y se convertirá en una gangrena terrible. ¿A quién le interesa una guerra civil en Venezuela? No nos engañemos. Ni al PP ni a Trump le interesan los derechos humanos. Si así fuera romperían con Arabia Saudí, que va a decapitar a quince jóvenes por manifestarse durante la Primavera Árabe, o dan latigazos a las mujeres que conducen; o con Colombia, donde van 150 asesinados por los paramilitares en los últimos meses; o en México, donde se asesina cada mes a algún periodista y aparecen fosas comunes con decenas de cadáveres. Penas de 75 años están pidiendo en Estados Unidos contra manifestantes contra las políticas de Trump. Venezuela se ha convertido en España en la 18 Comunidad Autónoma sólo porque el Presidente Rajoy ha tenido que comparecer como testigo por la corrupción en su partido. Es más airoso hablar de Venezuela que de la corrupción de los 800 cargos del PP imputados. Hay ingenuos que les creen. ¿Qué dirán ahora que el grueso de la oposición ha aceptado participar en las elecciones regionales? El pacto entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha ha sido presentado por la derecha manchega como el comienzo de la venezonalización de España. Cuánta caradura y cuánta estupidez. Hay gente que les cree. Mientras, el PP guarda silencio ante, por ejemplo, las persecuciones que la dictadura monárquica marroquí hace en España de los disidentes políticos, o encarcela por orden del dictador Erdogan a un periodista crítico con la dictadura turca. ¿Nos va a decir alguien que a estos gobiernos les interesan los derechos humanos?
Conclusión: no hace falta comulgar, ni mucho menos, con Maduro y su manera de hacer las cosas, para no aceptar el golpe de estado que se quiere construir en Venezuela. Estamos hablando de no volver a cometer los mismos errores creyéndonos las mentiras que construyen los medios. Venezuela tiene que solventar sus problemas dialogando. Y es evidente que tiene problemas. Pero dos mitades enfrentadas no van a ningún lado monologando. Aunque a una parte le apoyen los países más poderosos del ámbito neoliberal. Ni el PP ni la derecha quieren diálogo. Quieren que Maduro se entregue. ¿Y cree alguien que los ocho millones de votantes de la Asamblea Constituyente se iban a quedar de brazos cruzados? El nuevo gobierno les reprimiría e, incluso, les asesinaría. Los medios dirían que la democracia venezolana se estaría defendiendo de los enemigos de la democracia. Y volvería a haber gente ingénua que les creería. Desde el resto del mundo, en nombre de la democracia, bastan dos cosas: exigir y alentar el diálogo en Venezuela, y  entender que sería bueno no permitir ni al PP ni a las derechas internacionales, empezando por Donald Trump, reeditar una de sus miserias más horribles que consiste en sembrar dolor en otros sitios para ocultar el dolor que construyen en nuestros propios países.

domingo, 14 de mayo de 2017

LA ADJUDICACIÓN DE TRAMOS AÉREOS A AVIAN LÍNEAS AÉREAS Y LOS VÍNCULOS CON MACAIR DEL GRUPO MACRI Con la hoja de ruta de los negocios familiares El ministro Guillermo Dietrich otorgó las rutas nacionales e internacionales solicitadas por la firma Avian, pese a que sigue abierta la causa judicial por defraudación y tráfico de influencias en la que está imputado el presidente de la Nación.

La empresa MacAir fue comprada por Avian en octubre, días antes de la presentación de la propuesta.


Aunque la investigación judicial en manos del fiscal Jorge Di Lello sigue en marcha, y por lo tanto está vigente la denuncia sobre el Presidente de la Nación y otros funcionarios por “negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y tráfico de influencias”, el gobierno avanzó en la adjudicación a Avian SA de las rutas aéreas nacionales e internacionales solicitadas. Esta semana, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó la resolución respectiva luego de darse por satisfecho con el dictamen rubricado por la dirigente del PRO Laura Alonso, en su carácter de titular de la Oficina Anticorrupción, señalando que “a la fecha del procedimiento, ni el Presidente de la Nación ni sus familiares poseían intereses económicos en la sociedad MacAir Jet SA”, sociedad de taxis aéreos devenida en aerolínea comercial que fue de la familia Macri hasta poco antes de la licitación de rutas que terminó beneficiando a Avian y otras tres empresas de las denominadas “low cost”. Avian es la empresa que se creó para continuar a MacAir, tras una operación de compraventa que tuvo como principal responsable a Germán Efromovich, CEO de la colombiana Avianca. Las irregularidades denunciadas son múltiples, desde la participación de varios funcionarios del actual gobierno en la novísima Avian, hasta la forma en que se concretó la operación entre Efromovich y la familia Macri por MacAir. Todas fueron expuestas en la audiencia pública del 27 de diciembre. Sin embargo, Transporte intentó ponerle el broche esta semana a una adjudicación que, según no pocos expertos, podría terminar siendo fatal para las empresas estatales Aerolíneas Argentinas y Austral. 

La resolución

El último jueves 11 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 280-E/2017 del Ministerio de Transporte, que autoriza a Avian SA a explotar comercialmente 14 rutas aéreas nacionales y 2 internacionales (Montevideo y Porto Alegre). Entre los destinos adjudicados, se encuentran algunos de los comercialmente más atractivos, siempre teniendo como cabecera la ciudad de Buenos Aires: Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe, Comodoro Rivadavia. Entre los destinos no habituales, se cuentan tan sólo Río Cuarto y Villa María (Córdoba), Concordia (Entre Rìos), Paso de los Libres (Corrientes), Reconquista y Sunchales (Santa Fe). Ofrece, además, las interconexiones Viedma-Puerto Madryn, Puerto Madryn-Comodoro, San Luis-Río Cuarto, Reconquista-Sunchales y Sunchales-Villa María. En todos estos casos, tramos cortos (quizás no tan atractivos para las poblaciones locales), como paradas intermedias de vuelos a ciudades más grandes, siempre con Buenos Aires como cabecera. Un escaso aporte para salvar lo que la resolución caracteriza como una situación de “escasez de vuelos entre puntos interiores que no requieran el paso por Buenos Aires” y de “plazas carentes de conectividad adecuada”. 

Las irregularidades

La resolución señala expresamente la realización de la Audiencia Pública del 27 de diciembre pasado, fijada por ley para que quien tuviera alguna objeción la pudiera volcar allí, pero nada dice del tratamiento que tuvieron los múltiples y graves cuestionamientos expuestos, salvo que el dictamen de la Junta Asesora de Transporte Aéreo (JATA), organismo dependiente del ministro Dietrich, había convalidado la propuesta de Avian. 
Las objeciones más graves están referidas a la probable vinculación de Avian con la familia Macri y varios miembros del actual gobierno. Avian Líneas Aéreas SA es la firma que surge como compradora de MacAir el pasado 31 de octubre. Carlos Colunga, último presidente de MacAir, pasó a ser el vice de Avian tras la transferencia. Avian SA es una subsidiaria de la colombiana Avianca, a través de su director ejecutivo (CEO), Germán Efromovich, propietario del 95 por ciento de la firma controlante de Avian SA: Avian Holding, radicada en Panamá.
Otro funcionario de alto rango del gobierno actual, Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, fue hasta no hace más de un año el apoderado legal de MacAir, y tuvo actuación además como representante legal de Avian en alguna gestión administrativa, incluso siendo ya funcionario.
Hay más. Otra figura vinculada a los negocios privados del grupo Macri, Carlos Martín Cobas, participó en las negociaciones para la redistribución de espacios para hangares en el Aeropuerto Jorge Newbery en el último verano, en su carácter de director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia. Las negociaciones fueron documentadas por el nuevo titular de Avian Líneas Aéreas, Sergio Mastropietro, en un intercambio de mails al que tuvo acceso Página 12 y fueron publicados en la edición del 26 de febrero pasado. Avian SA, aun antes de lograr la adjudicación de las nuevas rutas, ya resultaba altamente beneficiado por la cesión de espacios para hangares en Aeroparque en la negociación con Cobas. Este último fue, hasta mediados de 2016, gerente de MacAir y en los registros de aportes a la seguridad social a la fecha de dicha publicación (26 de febrero) figuraba como empleado de Avian Líneas Aéreas.
Un elemento de sospecha más lo aportó Rodolfo Casali, de la Unión del Personal Superior de empresas Aerocomerciales, en la audiencia pública del 27 de diciembre. En la oportunidad denunció iregularidades en la compraventa entre Avian y MacAir, además de advertir que el gobierno había sobredimensionado las expectativas de crecimiento de la actividad para justificar el ingreso de nuevas empresas privadas para competir con Aerolíneas. “”Si se produjera el crecimiento proyectado, habría que haber invertido las prioridades, porque Ezeiza y Aeroparque están saturados hoy y no estarían en condiciones de responder a semejante aumento del tráfico. Si no se da ese crecimiento, corremos el riesgo de que estas nuevas empresas comercialicen tarifas por debajo de los costos, en una práctica de dumping para ganar mercado, con la consecuencia lamentable de la caída de las empresas hoy establecidas: empresas del Estado que están siendo saboteadas por estas decisiones”.

La mirada moral

La capacidad humana para hacer el mal y la incapacidad de la justicia para castigarla forman parte de un dilatado problema moral. Peor aún: la justicia no solo no castiga la maldad, es parte de ella. El problema moral se transforma en escándalo. Cuando lo justo se complica con lo injusto-atroz se torna cómplice de la injusticia. Esa complicidad es escandalosa porque trastoca el orden de la sociedad, su misma esencia, su razón de ser. 
Si, de un modo poco frecuente, se ha logrado justicia contra criminales, ¿qué castigo merece el que aliviana esas penas y prepara el camino de su desvanecimiento, del perdón de los que fueron hallados culpables porque lo eran? ¿Por qué lo eran? ¿Qué hace de alguien un culpable?
Hay una culpa fundante. El que a la pregunta: hay o no hay que matar, responde matando es culpable, aun cuando mate ejecutando órdenes. Matar es el mal.
La presencia del mal sobre la tierra triunfa en estos momentos. Se mata en todos lados. Se mata en nombre de valores, religiosos o seculares. El saqueo, el interés mercantil alimentan las guerras. Cada vez más peligrosas y destructivas. El mundo puede astillarse gravemente a manos del poder nuclear.
Los espacios de libertad se desvanecen. El conflicto bélico –en sus diferentes modalidades– detenta la hegemonía histórico política. Quienes trabajan desde la justicia para absolver a los verdugos lo hacen porque no los consideran así. Han hecho la tarea. Estamos aquí por su sacrificio.
¿Es culpable el que reduce –en camino de su disolución– las penas de los que mataron ayer? Decididamente sí. Vuelven a matar a las víctimas. Que murieron primero por las armas. Ahora en los salones de la justicia. ¿Con qué ojos se miran los que absuelven lo imperdonable? ¿Hay una mirada moral? Dios es invocado por muchos. Nuestro tiempo no es el de la ausencia de Dios. Es el de su excesiva presencia.
Sin embargo, aunque lo invoquen de modo incesante, Dios no está. Ivan Karamasov decía Si Dios no existe todo está permitido. Y es así. Que nadie se pregunte qué piensan los jueces de sus actos. Piensan eso, hay un dios ausente, no hay quien pueda juzgarnos. Dormiremos tranquilos. Se llega a la impunidad, que desconoce toda sanción. Un piloto norteamericano que tiró la bomba sobre Hiroshima dijo: “Dormiré tranquilo hasta el último de mis días”. Su mirada interna era ésa y lo liberaba de culpa. La moral la crean los intereses económico-políticos.
Hay un adoctrinamiento y se logra por la tarea del poder mediático. Se adoctrinará diciendo estos hombres merecen el 2x1, la justicia rige para todos. Se dicta ahora porque creen que hoy es posible. Que no lo sea depende de los enemigos de la muerte. Ellos dan testimonio contra el mal.
Un personaje de un film de Allen, que mandó asesinar a una persona, dice: Yo no creo en un Dios que me pueda juzgar, en consecuencia me creo impune. Y menos me juzgará mi mirada interior porque mi mirada no es condenatoria. Mi mirada me absuelve.

TODOS ES MUCHO MÁS QUE 3X2X1 El Tsunami




“Gracias Rosenkrantz, Highton y Rosatti por esta hermosa fiesta”, reza una consigna que se difundió junto con las imágenes de la enorme concentración del miércoles. El repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que pretendió aplicar el doble cómputo de la detención cumplida al represor Luis Muiña, fue instantáneo y masivo, pero el agradecimiento debe extenderse al gobierno nacional y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, gestores de la decisión.
Los ostensibles gestores del fallo de la Corte, en el gobierno y en la Iglesia Católica Apostólica Romana, llevan diez días tratando de desasociarse de sus resultados, desde que percibieron lo extenso e intenso del malestar social. Esta nueva tentativa de impunidad es la última de una larga serie, que comenzó con los hechos mismos, cuando la primera Junta Militar decidió que la herramienta escogida de sus operaciones clandestinas sería la desaparición forzada. Continuó con el “servicio de reconciliación” de 1982, el documento final y la autoamnistía de 1983 y, ya en democracia, con los alzamientos castrenses, las leyes y decretos de impunidad, las mesas de diálogo y reconciliación impulsadas por militares, políticos y eclesiásticos y los pedidos de amnistía. Que gobierno y obispos no hayan podido imaginar antes las consecuencias de semejante fallo, se debe al aislamiento de la realidad en que viven y nada es más sorprendente que la sorpresa que los sorprendió ante la sorpresiva decisión del tribunal. 

23 horas, 44 minutos

La ley que concretó la respuesta de los órganos de la soberanía popular frente al desatino de un poder nunca tan contramayoritario es de las más rápidas que se recuerden. Desde que comenzó a sesionar la Cámara de Diputados, el martes a las 15.18, hasta que se levantó la sesión del Senado, el miércoles a las 15.02 sólo transcurrieron 23 horas y 44 minutos. Apenas en situaciones excepcionales de cambio de régimen, como la amnistía de 1973, puede encontrarse parangón. La única excepción en las dos cámaras fue la solitaria campera amarilla del diputado sojero en tierras fiscales Alfredo Olmedo, denunciado por explotar trabajo esclavo, partidario del regreso del Servicio Militar Obligatorio y la pena de muerte. Ningún otro diputado ni senador se opusieron a la ley reparatoria. Tanto políticos de la Alianza Cambiemos como prelados de la entidad confesional pretenden que se trató de una decisión pura y exclusiva de los tres jueces que deben su asiento en la Corte al presidente Maurizio Macrì, dos por acción y una por omisión. No parecería que hayan obtenido mayor credibilidad.
En cuanto se conoció el fallo, se pronunció alborozado el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj. Luego del acto del miércoles 10 explicó que, cuando fue consultado por primera vez, no había leído el fallo, por lo cual no opinó sobre la cuestión de fondo sino sólo acerca de la división de poderes y el respeto al fallo. Eso sólo es cierto para su primera declaración, la mañana del miércoles 3, en la radio AM750: “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo de la justicia”. Pero por la noche, en el programa Terapia de Noticias, que emite la señal LN+, fue mucho más lejos. Dijo que defendía el fallo y encomió a Rosenkrantz y Rosatti. “Hay un espacio moral que hay que respetar, que es el cumplimiento de la ley y la ley no dice que el 2x1 no es aplicable para delitos de lesa humanidad. Por eso defiendo o respeto este fallo, porque es el principio de igualdad ante la ley y los que estamos en funciones de derechos humanos o Justicia tenemos que preservar ante todo punto de vista la igualdad ante la ley porque si no, si acomodás el discurso, te convertís exactamente en aquello que estás condenando”. Ese es claramente el mismo funcionario que la tarde del 20 de marzo, en la ciudad de Washington, en compañía de Siro de Martini, asesor del ministro de Justicia Germán Garavano, solicitó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Franciso Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, que durante la visita a la Argentina que realizarán la semana próxima reciban a las asociaciones de familiares y amigos de los represores presos por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio apostólico, quienes abogarían a favor de ellos. El fallo de la Corte satisfacía esa pretensión y Avruj lo celebraba, a diferencia de su colega bonaerense Santiago Cantón quien hizo público su desacuerdo con el fallo porque no respetaba las obligaciones del derecho internacional de los Derechos Humanos que obliga al Estado argentino a investigar y castigar en forma proporcional los más graves delitos contra el género humano. 

Sí, no y todo lo contrario

Pero a medida que pasaron las horas y fue indisimulable la reprobación general, Avruj comenzó el replanteo. Lo hizo mediante un comunicado oficial de la Secretaría, que “considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal Más Benigna (en este caso el 2x1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad. Atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2x1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”, es decir exactamente lo contrario de lo que sostuvo el día anterior. También hizo circular la oposición expresada por la Secretaría en un expediente de Tucumán a la excarcelación solicitada invocando el fallo de la Corte por el ex jefe de la llamada “Fuerza de Tarea Aconquija”, Carlos Eduardo Trucco. Llamado a explicar ese viraje, que nunca reconoció como tal, dijo que “a medida que fueron pasando las horas, y fuimos profundizando y hablando con el ministro (de Justicia, Germán Garavano) y el jefe de Gabinete (Marcos Peña Braun), entendimos que había que salir a criticar fuertemente y plantear la posición, oponiéndonos”. Trató de salvar su situación personal, comprometida desde que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron su renuncia y le dijo a la radio Con Vos: “Estoy comprometido con los derechos humanos. En ningún momento hice en mis palabras una defensa de cualquier atajo que se quiera utilizar para conmutar las penas de los represores. En todos los delitos, soy defensor de que las penas son para cumplirlas”. También pidió “retomar el diálogo serio y maduro con los organismos” y dijo que había intentado comunicarse con Estela de Carlotto. Por último fue al punto que más interesa al Poder Ejecutivo: “Es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”. Entre la primera y la última de estas poluciones se atropellaron para poner distancia con el amenazante tsunami de indignación que avanzaba la vicepresidente Gabriela Michetti, el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio, el Hada Buena bonaerense, el senador Federico Pinedo y una variopinta caterva de radicales, que van a los tropezones, trajinando su crisis de identidad y pérdida de sentido entre Alfonsín y Macrì, de ida y vuelta. 

Pocas Voces

El fallo fue impulsado por el gobierno pensando en el millón de votos de la denominada familia militar, pero la reacción furibunda de la sociedad le hizo pensar que aún cuando fidelizara esa clientela que en un 85 por ciento ya había optado por Macrì en la segunda vuelta de 2015, era más lo que tenía para perder. En su largo viaje a Dubai, China y Japón el presidente podrá conversar con el contador Gerardo Morales, quien hizo algo parecido: relevó al jefe y subjefe de su policía por la irrupción de dos patrulleros en el autonómico predio de la Universidad Nacional de Jujuy y ordenó la detención de los autores directos. Pero lo hizo después de tres días de respaldarlos y repetir la absurda versión de que actuaron contra ruidos molestos y excesivo consumo de alcohol. La consecuencia fue una rebelión policial, con marcha incluida frente a la casa de gobierno y un comunicado denunciando la traición del gobernador por cumplir sus directivas.
Por eso ante los proyectos que fueron presentando los distintos bloques de la oposición, el oficialismo decidió que no podía quedarse al margen. El ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra trabajó sobre un proyecto del fiscal Paul Parenti y produjo un texto presentable. En las reuniones de labor parlamentaria la oposición acordó el texto finalmente aprobado. La Alianza Cambiemos objetó el artículo 1º, aquel que dice que el 2x1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”. El resto de los bloques insistió. El negociador de PRO, Pablo Tonelli, pidió tiempo para una consulta y terminó por aceptar. De otro modo Cambiemos no hubiera votado en bloque y la fragilidad legislativa de PRO hubiera quedado a la vista, junto con su reticencia hacia el derecho internacional de los Derechos Humanos. No podían permitírselo y terminaron aceptando el texto tal como lo recibieron. Tonelli resume en sí mismo la metamorfosis del radicalismo. Como secretario de Justicia de Raúl Alfonsín, su padre, Ideler Tonelli, fue el inspirador de tres intentos fallidos por detener los juicios en la década de 1980: las instrucciones a los fiscales (que provocaron la renuncia del camarista Jorge Torlasco, uno de los que habían condenado a Videla, Massera & Cia), el punto final, que terminó con más procesados de los que el gobierno nunca había temido, y la obediencia debida, que marcó la bancarrota del primer gobierno de la democracia posdictatorial. El estudio familiar tiene entre sus clientes a empresas del Grupo Macrì y Pablo es diputado por el PRO. 
En la Cámara de Diputados sólo Anabella Ruth Hers Cabral cuestionó desde el PRO el contenido del fallo de la Corte Suprema. Dijo que había pedido una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar el 2 x 1 en crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados o sus penas conmutadas. En cambio, Tonelli defendió el fallo y dijo que el problema estaba en la ley 24.390 y su aplicación una vez derogada (ultraactividad), por lo cual se requería una norma “que constituya una interpretación auténtica”, de modo que sólo pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva en el lapso de vigencia, de 1994 a 2001. Para el radical Ricardo Alfonsín, quien encomió el juicio a las juntas impulsado por su padre, la Corte Suprema ignoró la doctrina y la jurisprudencia internacional. No se privó de cuestionar las tentativas de Macrì por relativizar el número de detenidos y el feriado del 24 de marzo. Su correligionario Horacio Goicoechea dijo que había que predicar la reconciliación, el perdón y la misericordia, con cita incluida del papa Francisco que no venía a cuento. Para el presidente del interbloque, el radical cordobés Mario Negri, el consenso edificado a partir de 1983 en torno de los derechos humanos, y las obligaciones internacionales del Estado hacen que ninguna norma permita amnistiar, indultar, aplicar cosa juzgada, penas irrisorias o hacer reducciones, en caso de crímenes de lesa humanidad. La heroína radical Elisa Carrió, que ahora corre con la casaca de la Coalición Cívica, coincidió con Rosatti en que el problema no es la Corte sino el Congreso, que no legisló para llenar ese vacío. Eso no es cierto: la ley 27156 de 2015, presentada por el ex diputado Horacio Pietragalla y citada en el artículo 1º de la nueva norma, sí lo hizo. Carrió se autoelogió a sí misma por todo lo que actuó en la materia, cuestionó ritualmente a Zaffaroni, proclamó enfática que la justicia no es venganza y pronunció una frase enigmática sobre “los soldados de Formosa”. En el senado el radical Oscar Castillo celebró la división de poderes, “aunque parezca irónico”, lo cual suena a confesión. Parece irónico. Consideró que los jueces Rosatti y Rosenkrantz son jóvenes honestos que por ir demasiado rápido “para cerrar una brecha difícil se han convertido en esa patrulla extraviada” e hizo crípticas referencias a Ezeiza y a los asesinatos de Rucci y Mor Roig. El ex vicepresidente Julio Cleto Cobos desdeñó el fallo que “va a contramano de lo que venimos haciendo en materia de Derechos Humanos” y celebró el trabajo conjunto de las dos cámaras “para recuperar el contrato social que debe regir” al respecto. La radical tucumana Silvia Pérez afirmó que no imaginaba a Macrì designando a Milani, consideró un invento que la Corte se hubiera alineado con el Poder Ejecutivo, descargó toda la responsabilidad en los jueces, recordó que Rosatti fue ministro de Justicia de Kirchner y volvió a hablar del curro de los Derechos Humanos. El cordobés de PRO Ernesto Martínez dijo que los firmantes del fallo “no han comprendido nada de lo que fue la historia argentina” y que hay que pensar en la pobreza, la indigencia, la creación de trabajo, las nuevas oportunidades, la educación para todos, la igualdad. Para el radical de Santa Cruz Alfredo Martínez “lo saludable de este horrible fallo es que funcionó como una vacuna” y rescató la disidencia de Maqueda y Lorenzetti. Pinedo agregó que los representantes del pueblo y de las provincias argentinas dejaban en claro el pensamiento de la sociedad en esta materia. La cordobesa presidente del bloque de PRO, Elena Rodríguez Machado, y el radical Angel Rozas dijeron que en 2013 hubo un fallo similar que benefició con el 2x1 al coronel Antonio Herminio Simón. Pasaron por alto que el silencio de un 280, el artículo que permite a la Corte no pronunciarse sobre un fallo de Cámara sin fundamentarlo, no genera precedente jurisprudencial. Por último la contadora radical mendocina Pamela Verasay dijo que era hora de mirar hacia adelante. Quedó claro que para el macrismo había más premura por eludir el tsunami que convicciones al respecto, salvo Hers Cabral y Daniel Lipovetzky que no habló pero presentó un estimable proyecto. Para el oficialismo de la Corte la ley fue una soga arrojada al náufrago. Su sanción e inmediata promulgación por parte de Macrì, que hasta pronunció las palabras crímenes de lesa humanidad, refuerza la ficción enunciada por Rosatti y Carrió: no podían haber hecho otra cosa. Si así fuera, reiterarían la peregrina teoría sobre la ley penal más benigna en estos casos y declararían inconstitucional la interpretación auténtica de la flamante ley 27.362. No lo harán. Por el contrario, han pedido todos los expedientes en los que se haya solicitado la aplicación del 2x1 para sacarse la pesadilla de encima lo antes posible, para que la esposa de un juez deje de llorar y los hijos de otro de maldecirlo.

Nubes de incienso

Ni el bellísimo botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela relleno de carbón e incienso bastaría para lanzar el humo que disimule el compromiso de la Iglesia Católica Apostólica Romana con el fallo repudiado. Y no por falta de voluntad de esconder la mano que lanzó la piedra. Todos quieren salvarse y señalar en otra dirección. Los infaltables voceros oficiosos, políticos, eclesiásticos y periodísticos, pretenden que el Papa está enojado con los obispos y hasta se llega a sugerir que José María Arancedo y Mario Poli lo traicionaron, al impulsar el proceso de reconciliación invocando sus palabras e informando que le habían comunicado las actuaciones. Su colaborador personal Víctor Manuel Fernández, el obispo Tucho que conduce la PUCA, dijo en un reportaje que Bergoglio “siempre insiste en que en los delitos de lesa humanidad hay que aplicar la ley sin atenuantes”, que “la palabra reconciliación está muy cargada de preconceptos, e incluso de la idea de impunidad” y que en muchos casos no hay arrepentimiento ni reconocimiento de “la falta” cometida, expresión notablemente benévola. Lástima que no ofrezca alguna cita que demuestre esa presunta posición, como es habitual en los documentos eclesiásticos, o que el propio inquilino de Santa Marta no se pronuncie. Del otro lado, el actual presidente de la Iglesia argentina, José María Arancedo, hizo saber que no está dispuesto a cargar con el costo de la operación fallida, cuando en su realización estaba involucrado el representante de Bergoglio en la Argentina, el nuncio Emil Paul Tscherrig. Arancedo recibió en Santa Fe a familiares de detenidos desaparecidos para que se sepa que considera “desacertado” el fallo, con el que se declara en desacuerdo. “Es la Corte la que ha decidido. No tenemos nada que ver”. Les dijo que para la Iglesia Católica “la palabra reconciliación no significa impunidad” sino justicia y que la reparación a las víctimas “es cumplir la condena”. Le echó la culpa a “un despliegue mediático”, mientras sus operadores de prensa explican que sólo repitieron lo que decían sus fuentes en el episcopado. ¿Pues entonces quien lo tiene? Para el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, el fallo de la Corte se ajustó a derecho y su aclaración legislativa “una reacción espasmódica e inválida”. El flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado por Bergoglio con acuerdo de Macrì, dijo que su institución reconoció “que actuó mal durante la dictadura”, en el jubileo del año 2000. Notable autoindulgencia. A participar en aquella teatralización celebrada en Córdoba, cuando Bergoglio ya era arzobispo de Buenos Aires y uno de los vicepresidentes de la Iglesia argentina, fue invitado el jefe del Ejército de entonces, Ricardo Brinzoni, pero ninguna víctima del terrorismo de Estado. Brinzoni había planteado interrumpir los juicios por la verdad y reemplazarlos por una mesa de la reconciliación para llegar a la Memoria Completa, un método y una expresión que le fueron sugeridos por Bergoglio, según le confesó el militar a nuestra compañera Nora Veiras. Igual que ahora, la operación fue acompañada por una decisión judicial: la Cámara de Casación Penal (Gustavo Hornos, Amelia Berraz, Ana María Capolupo) intentaron detener los juicios por la verdad, al prohibir que declararan como testigos miembros de las Fuerzas Armadas. La decisión, abundante en citas del Sistema Interamericano de Protecciòn de los Derechos Humanos, llevó letra del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. 
La “Confesión de los pecados contra los derechos humanos”,  que se leyó en la liturgia de la reconciliación en Córdoba puso en un mismo plano “la violencia guerrillera y la represión ilegítima” y sólo admitió que los obispos “hemos sido indulgentes con posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de la dignidad humana”, por lo cual suplicaron a Dios “que acepte nuestro arrepentimiento y sane las heridas de nuestro Pueblo”.  Los obispos pidieron perdón a Dios, no a las víctimas, por los actos de otros, no los propios (“por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos”…) en una variedad de hechos como el atropello a las libertades, la tortura, la delación, la persecución política y la intransigencia ideológica, “en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país”. El enviado papal Rosalío Castillo Lara, equiparó justicia con venganza, como se repite en el fallo del 2x1. 
En 2010, cuando Bergoglio ya había sido el cardenal más votado después de Joseph Ratzinger en el concilio que eligió al sucesor del papa Wojtyla, el episcopado que presidía tramitó ante el gobierno nacional una nueva amnistía para todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Por azar fui testigo del momento preciso en que ocurrió. Al concluir la misa del Bicentenario el entonces secretario de Culto, Guillermo Oliveri me invitó a acompañarlo a dependencias internas de la Basílica de Luján, para saludar al arzobispo Agustín Radrizzani, a quien conocí cuando era auxiliar del admirado obispo de Neuqúen Jaime de Nevares, uno de los más persistentes denunciantes del terrorismo de Estado. Todavía con la mitra en la cabeza, Agustín nos estrechó la mano y en mi presencia le entregó una carpeta a Oliveri. Contenía un fajo de cartas mimeografiadas, con decenas de firmas al pie cada una, cuyo texto se reproduce en esta página. En síntesis, afirman estar presos por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o de seguridad o haber ocupado funciones públicas durante “nuestra desgraciada guerra interior en los años 70” y piden una amnistía, que llaman “acto recíproco de olvido”. Entre las firmas se leen las de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, los generales Santiago Omar Riveros y Héctor Cabanillas, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, un ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, los procesados por la masacre de Margarita Belén y otro centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia. Junto con las cartas, Radrizzani también entregó a Oliveri la hoja manuscrita que puede leerse en esta página. Como no iban acompañadas por una nota formal, el gobierno decidió devolver la carpeta sin respuesta. Pero alcancé a sacar una copia de esos documentos históricos que no permiten que los obispos y su papa argentino finjan demencia sobre su rol en la enésima operación fallida en pro de la impunidad. 
Amén.

TORTURAS A MILAGRO SALA Y OTRAS DETENIDAS EN JUJUY Alto Sufridero




Milagro Sala denunció ante una fiscalía jujeña torturas y malos tratos sufridos por ella y por otras internas en el penal de Alto Comedero, al mismo tiempo que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, y su aliado sindical Carlos Santillán descalificaban al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó la provincia. El grupo insistió en el cumplimiento de la decisión que adoptó en octubre del año pasado, reclamando la libertad inmediata de Milagro. Morales dijo que la opinión sobre el caso “fue parcial” y que “quien no ha vivido los últimos 15 años en Jujuy no tiene un cuadro de situación de lo que aquí ha ocurrido”. De Langhe de Falcone, a quien todos llaman Titina sostuvo que los expertos de la organización internacional ya venían con una opinión negativa formada (cosa que el gobierno supo desde el principio pero prefirió desconocer porque intentó utilizar la visita para su propaganda política). Santillán, conocido como El Perro, sugirió que el Grupo de Trabajo no visitara Jujuy sino Siria. Las tres reacciones parecen calcadas de las que recibió en 1979 la CIDH, cuando constató las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar. 

Balcarce no es un perro

Ante el grupo de trabajo, Milagro y otras internas denunciaron las torturas padecidas, la utilización de celdas de castigo y el permanente hostigamiento. Lo reiteró luego en la Fiscalía Nº 3. Milagro había sido denunciada por amenazas a otra detenida, Rosa Susana Miranda. Según Miranda otra interna le pegó el 2 de abril de este año, por directivas de Milagro en represalia por haberse negado a participar en un motín. Esa es la pauta de la mayoría de las causas: alguien declara que fue agredido o amenazado por órdenes de la líder social, aunque ella no haya participado ni existan pruebas de su intervención. Cuando el fiscal Carlos Farfán le cedió la palabra, Milagro negó las acusaciones y dijo que fueron instigadas por la subdirectora del penal, Patricia Balcarce, quien fue relevada antes de la llegada del Grupo de Trabajo, por temor a las denuncias de Milagro. 
Dijo que las compañeras de los pabellones 1, 3 y 4 le pidieron que hablara con Balcarce, “para que se terminen los maltratos” que padecían las internas. “Cuando ingresé al despacho de ella, me dijo que tenía que hablar por mi sola, que yo vine sola y me iba a ir sola. Yo le dije que quería cumplir con el mandato de mis compañeras. Ella golpeó el escritorio, se paró, me metió una cachetada, me agarró la ropa del cuello y me dijo que más vale que no salga ni diga nada de lo que había pasado ahí”. Agregó que hace un mes pasó algo similar. “Los maltratos hacia mi persona, los insultos y puteadas continuaban, me mandaba a seguir con las celadoras y me tenían que hacer informes. La oficial Balcarce decía que hablaba todos los días con [el ministro de gobierno] Ekel Meyer y que todo lo que ella hacía era por orden de él, que ella tenía que pasar informe de todo lo que yo hacía durante el día. La segunda vez que discuto con ella me volvió a pegar una cachetada, primero me pegó una patada en la pierna y me pellizcó en el brazo, yo se lo mostré a la doctora Adriana Fernández, Secretaria del Tribunal Criminal N° 2. Balcarce me dijo que la que manda en el penal era ella, y que iba a hacer de todo para hundirme, que no me iba a hacer fácil la convivencia”. A partir de allí comenzaron las peleas entre internas de distintos pabellones, instigadas por Balcarce. Milagro agregó que luego de una de esas peleas en las que ella no participó, una celadora le dijo que Balcarce le ordenó a Rosa Susana Miranda que la involucrara. “Miranda dijo que cómo me iba a nombrar si yo no estaba ahí, entonces Balcarce le dijo que me involucre que el Ekel Meyer iba a hacer que el expediente lo gane ella”. 
Hace tres semanas los organismos jujeños de derechos humanos y la organización de abogadxs del noroeste ANDHES, presentaron un recurso de hábeas corpus que fue rechazado por el juez Gastón Mercau por las torturas padecidas el 3 de abril por tres mujeres en el mismo penal de Alto Comedero. A una de ellas, que fue arrancada con violencia del lugar donde dormía desnuda, personal penitenciario masculino y femenino le fracturó un brazo. Le colocaron una manta en la cabeza y la llevaron a patadas a la celda de aislamiento conocida como los chanchos. Recién a la noche de ese día la llevaron al hospital para ser atendida por la fractura. Otras dos internas fueron obligadas a arrodillarse y en esa posición las golpearon. A pesar de la gravedad de sus lesiones, no recibieron atención médica externa. Mercau constató las lesiones pero igual rechazó el pedido de hábeas corpus y sólo recomendó al director del penal que evite “nuevos sucesos de similares características”. No obstante, avaló el uso de los chanchos al considerar que “el aislamiento provisional está previsto” para infracciones disciplinarias graves. Los organismos advirtieron que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, establecen “que las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, como en este caso. 
Milagro amplió detalles de este episodio ante el fiscal Farfán. “A las cinco de la mañana abrí la ventana porque se escuchaba fuerte como gritaban las chicas por cómo les pegaban. La Oficial Balcarce me involucra en la causa porque la segunda vez que ella me pega yo le dije que la iba a denunciar, que iba a hablar con mi familia y con mis abogados, ahí me repitió nuevamente que me calle la jeta, que no vaya a ser cosa que algún día no amanezca en la celda, ahí fue cuando me asuste más, insisto no quería denunciar acá en los Tribunales porque no le tengo nada de confianza al doctor Mercau, porque responde al gobierno de la provincia y la Justicia no tiene independencia, más sabiendo que Balcarce dijo que ella recibía directivas del ministro Ekel Meyer y del Secretario de seguridad Miguel Singh”. Agregó que cuando llevaron a sus compañeras a las celdas de castigo una de ellas vomitaba sangre. “Con mí grupo de compañeras, hicimos una sentada en la cancha para que la lleven al hospital, porque lloraba de dolor. Recién a las 10 de la noche la llevan al hospital donde se dan cuenta que tenía los ligamentitos rotos, y lastimados los pies y la frente”. Las internas lastimadas fueron vistas dos o tres días después por el juez Mercau, su secretaria y un médico. Mercau constató que una de las chicas “tenía muchos moretones en la cabeza, en la parte del hígado, lastimadas las rodillas, las pantorrillas, y la lesión del brazo. Mercau en ese momento refirió que esas lesiones nunca se las pudo haber provocado ella, por lo cual nos sorprendió cuando le rechazan el Habeas Corpus, recomendando al Servicio Penitenciario que no ocurran estas cosas, siendo algo totalmente contradictorio”. Por esta denuncia se inició una nueva investigación, a cargo del fiscal Darío Osinaga, uno de los pocos funcionarios que no ha cedido a las presiones del gobierno provincial contra Milagro Sala: al iniciarse el acampe en la plaza Belgrano durante la primera semana de gobierno de Morales, Osinaga aceptó el pedido del gobierno de investigar el presunto delito que se estaría cometiendo pero no de imputar como autora a Milagro Sala, por lo cual el gobernador lo denunció  por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. El 5 de mayo, el mismo Osinaga solicitó el sobreseimiento en dos de las últimas causas inventadas en contra de Milagro Sala por “inducción a cometer delito de amenazas agravadas”. Dijo que en los expedientes no había pruebas para sostener la imputación.

Coco Basile dixit

Morales invitó al Grupo de Trabajo con la intención de que modificara ese dictamen, pero los expertos independientes Sètondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia) lo ratificaron. Tal como habían anticipado en Buenos Aires al equipo de defensa de Milagro Sala, le informaron a Morales, a Titina y al resto de los funcionarios del oficialismo jujeño que esa opinión era irrevocable y que lo único que podían recibir eran explicaciones sobre los pasos dados para su cumplimiento. Pero además visitaron la cárcel de Alto Comedero, el jueves y el viernes. Allí recibieron las mismas denuncias de torturas padecidas por la dirigente de la organización barrial Túpac Amaru y por otras mujeres detenidas, que Milagro Sala denunció ante la justicia provincial. El jueves 18, al concluir su misión, los visitantes darán una conferencia de prensa que constituirá un nuevo revés para el gobierno jujeño. El Poder Ejecutivo Nacional tomó prudente distancia del caso y espera que la Corte Suprema de Justicia le quite el problema de encima disponiendo la libertad de Milagro. Si bien el presidente Maurizio Macrì comparte el propósito de disciplinamiento de los movimientos sociales por medio de la criminalización de sus protestas y sus dirigentes, el caso de Milagro Sala alcanzó una repercusión nacional e internacional que cada día resulta más gravosa para el sector de la Alianza Cambiemos que no milita en la Unión Cívica Radical, convertida en su ala derecha en un tema tan sensible como las libertades públicas. El poder radical en las sombras, Ernesto Sanz, justificó públicamente la detención de Milagro en los requisitos de la gobernabilidad de “mi amigo Gerardo Morales”.
Morales apenas hizo una breve declaración luego de la audiencia con los miembros del Grupo. Contra toda evidencia dijo que no pretendía que cambiaran su opinión sino que conocieran toda la verdad. En cambio, Titina Falcone fue sincera. En un tono más esperable en el Coco Basile que en una jurista, no ocultó su amargura por el resultado de la visita. Sus términos fueron tan descomedidos que al terminar intentó establecer que no los había vertido como presidente del Superior Tribunal de Justicia sino “como una abogada del foro local que tiene 52 años de ejercicio de la profesión”. Esta ficción recuerda la del ex presidente Carlos Menem, cuando dijo que me querellaba por calumnias e injurias no como presidente sino en su carácter de ciudadano, pero como fundamento sostuvo que yo había lesionado su investidura. Titina dijo que tiene libertad para opinar porque se excusa en todas las causas en las que interviene su yerno y ex socio en el estudio jurídico, Gastón Mercau, el juez a cuya disposición está privada de su libertad Milagro Sala. En este caso, al menos, eso es falso: en enero del año pasado, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro y de inmediato pidió licencia. Titina Falcone, que era la presidente de turno del tribunal superior designó para suplirlo al padre de sus nietos, cuyo nombre no figuraba en la Acordada de diciembre que estableció quienes serían los jueces de feria en la justicia provincial. Mercau sigue a cargo hasta hoy y es actor principal en el hostigamiento a la prisionera, que según su suegra “no es una presa política sino una política presa”. El martes 9, Mercau se dirigió al Servicio Penitenciario para indicarle que debía proveer personal femenino “formado en acompañamiento terapéutico o similar” para acompañar en forma permanente a Milagro Sala. Esto implicaría un refuerzo a la vigilancia constante que se ejerce sobre ella, cuando habla por teléfono, cuando duerme y hasta cuando va al baño. Milagro ha dicho que no aceptará esta imposición. Por otra parte, la expresión “acompañamiento terapéutico o similar” indica que coincide con la opinión del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia. “Similar” quiere decir cualquier cosa.
Falcone ingresó al tribunal en 2010, luego de haber sido vicepresidente del bloque radical en la Legislatura. En 2015, luego de la victoria electoral de su partido fue designada presidente del Superior. Además recibió refuerzos. Morales amplió de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal y designó para integrarlo a cuatro abogados radicales. Dos de ellos votaron la ampliación y, como dijo Milagro en su declaración indagatoria en diciembre pasado, “cruzaron el patio” y juraron como miembros del tribunal. La diferencia es que el copamiento del vértice judicial a Menem le llevó más de un año y a Morales menos de una semana.
Según la jueza, el Grupo de Trabajo vino con una decisión tomada  “que no es la que Jujuy merece”. Sin ocultar la identidad entre el gobierno de Morales y el tribunal que ella preside dijo en primera persona del plural que si la Corte Suprema de Justicia “no dice la solución a favor nuestro” y ordena la libertad de Milagro “acataremos”. También se quejó porque el grupo de trabajo rechazó el pedido que ella les hizo para que “escucharan a los jueces que han dictado la prisión preventiva, pero no les interesa porque vienen con una opinión formada. Ellos ya vienen con una opinión, la opinión del negativo de Verbitsky, de Zaffaroni con el cual yo doctrinariamente en absoluto estoy de acuerdo ¿Entendés?”. El final de la entrevista fue desopilante:
–¿Se han llevado información?
–Sí, la doctora Lamas les preparó dos cajas enormes. Les mandó la Constitución, la doctrina. Si tienen el trabajo de leer van a estudiar mucho.
–¿Les pareció que vienen con algo ya prearmado?
–Pero querido, no me preguntés lo que vos sabés mejor que yo. Seamos honestos entre nosotros. Es el CELS y el CELS no está con nosotros no se equivoquen, si ustedes saben positivamente. Porque yo no me voy a meter con esta señora, pero lo que te digo no es presa política es política presa. El comentario se los reservo para ustedes. Eso me hago cargo yo, no estoy hablando en nombre de Presidenta del Poder Judicial, está hablando la doctora Falcone como abogado del foro local con una trayectoria de cincuenta y dos años en la Justicia, ojo no tengo un año, cincuenta y dos. 
Falcone fue denunciada por la defensa de Milagro Sala junto con el apoderado de Morales (Federico Wagner, del estudio Gil Lavedra), el fiscal de Estado Mariano Miranda y el entonces representante para Derechos Humanos de la cancillería, Leandro Despouy, por los mails en los que analizaron la forma de justificar la detención de Milagro ante la misión de la CIDH que llegará esta semana a la Argentina.

Cristina Fernandez en Telesur 12/05/17 Completo

Entrevista teleSUR - Cristina Kirchner: En Argentina hay persecución pol...

ENTREVISTA AL TEÓLOGO Y ESCRITOR LEONARDO BOFF “El objetivo del imperio es eliminar liderazgos progresistas”




“La crisis es tan global que se nos hace difícil hacer análisis”, afirma este hombre de pelo canoso y barba blanca que habla pausadamente en español, sin poder disimular su acento portugués. Se lo puede caracterizar como un filósofo muy crítico y agudo de la sociedad actual. Se sigue considerando un teólogo porque esa fue su formación fundamental como religioso franciscano, a pesar de que desde 1992 se apartó del sacerdocio católico planteando discrepancias con la institución eclesiástica. Ha sido uno de los iniciadores latinoamericanos de la Teología de la Liberación. Hoy es uno de los mayores predicadores de la lucha ecológica y de la sustentabilidad. También un firme defensor del papa Francisco, a quien considera junto al Dalai Lama, uno de los más importantes líderes mundiales, “en un mundo en el que carecemos de liderazgos políticos y populares”.
Leonardo Boff, ese es su nombre. Estuvo en Buenos Aires para brindar una serie de conferencias en distintos ámbitos, pero también para escuchar, dialogar, encontrarse con sus amigos políticos, dirigentes sociales, religiosos. Hubo un tiempo para el diálogo con PáginaI12. A sus 78 años Boff conserva una enorme vitalidad, derrocha entusiasmo en cada afirmación, pero deja transparentar una enorme preocupación por el momento que vive la humanidad. 
“Hay cuarenta puntos de guerra en el mundo, es una guerra mundial balcanizada”, dice. “No sabemos hacia dónde vamos, nadie sabe hacia dónde vamos. Tengo la impresión de que estamos en un vuelo ciego, de un avión sin piloto”, subraya.
Para Boff “estamos inmersos en una gran crisis sistémica, que pone en duda un modo de vivir”. Vuelve sobre lo  que a su juicio es una cuestión central: la ecología. “La crisis ecológica es de tal gravedad que no podemos dimensionar el daño que está causando y tampoco alcanzar a ver la gravedad de la crisis que estamos enfrentando”, afirma. Y repite, de distintas maneras, lo que también escribió en su último libro publicado en Argentina (Sustentabilidad, Editorial Santa María, 2017): “La estrategia de los poderosos consiste en salvar el sistema financiero, no en salvar nuestra civilización y garantizar la vitalidad de la Tierra”.
Las referencias al papa y a su encíclica Laudato Si son constantes a lo largo de la conversación. La mención puede resultar sorprendente viniendo de un hombre que abandonó el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica como consecuencia de la persecución a la que fue sometido por la institución que le impidió expresarse, enseñar, ejercer su condición de teólogo. Jozef Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI y actuando como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio) fue uno de sus implacables perseguidores. El libro titulado “Iglesia, carisma y poder” (1981) encierra una de las más duras críticas que se haya conocido a la Iglesia Católica como institución. En 1985 fue condenado a un año de silencio por Ratzinger. En 1991 se le impuso censura eclesiástica previa a sus escritos y ese mismo año Boff  renunció a la dirección de la revista teológica Vozes (Petrópolis, Brasil) una tribuna de la teología de la liberación.
Hoy Leonardo Boff resalta la figura del Papa y de sus enseñanzas. Admite que tiene una relación fluida con Francisco a quien le envió, apenas fue electo, una serie de ideas sobre la ecología y el ambiente. Menciona también que en aquella oportunidad recibió respuestas de Bergoglio a través de un amigo común: el entonces embajador argentino ante la Santa Sede Eduardo Valdés. Boff no lo dice, pero quienes conocen sus escritos y han profundizado en el documento papal sobre la ecología saben que muchas de las ideas plasmadas por Francisco estaban ya en el pensamiento de este hombre formado en las ideas de Francisco de Asís. “La encíclica Laudato Si no está dirigida a los cristianos, sino a la humanidad y su pedido es salvar la tierra. Es una respuesta de ecología integral, que abarca todos los órdenes de la vida. No es una ecología boba, tonta. Con este documento el Papa se puso a la vanguardia”, sostiene.
No elude las respuestas políticas. “No es posible analizar Argentina o Brasil solo desde aquí. Tenemos que mirar nuestras realidades en el marco de la crisis de la globalización, de la planetarización”. Y refuerza la idea subrayando que “dependemos los unos de los otros y cada país no puede salvarse por sí mismo, encontrar su propia salida”.
Cuando se refiere a Brasil abona la idea del “golpe parlamentario” y, con desazón, sostiene que “no vemos ninguna salida” porque los actuales gobernantes “quieren llevar el proyecto neoliberal hasta sus últimas consecuencias”. La crisis, real o supuesta, de los llamados “gobiernos progresistas” de la región también se incorpora al diálogo. “El objetivo del imperio es eliminar los liderazgos progresistas y de izquierda de raíz popular”, sostiene. “La estrategia para hacerlo es usar la represión, por una parte, utilizar a la Justicia (Poder Judicial) con ese propósito y deslegitimar la movilización popular como lucha política”. Sintetiza: “No hay leyes, sino poderes en disputa”. 
“La estrategia del imperio es: un mundo, un imperio; cubrir todos los espacios y desestabilizar todos los gobiernos de base popular, ya no a través de la fuerza militar, sino utilizando a los parlamentos. Es lo que han hecho en América Latina”. Y sigue su argumentación: “El Atlántico Sur estaba abierto. Es una zona de muchos recursos en la que gobernaban las democracias de base popular. Había que intervenir para ocupar los espacios y, además, para ponerle límite a la presencia de China en la región, dado que China está entrando cada día más en América del Sur. Estados Unidos tiene que frenar a China. Es un juego geopolítico”.
“Por eso digo que el problema de Argentina y de Brasil y del resto de los países sudamericanos no se resuelve solo desde aquí”. Como dato agrega que “los recursos de agua y petróleo de Brasil están entre los más grandes del mundo y los están privatizando a precio vil”. A esta altura del diálogo, Boff pone más y más énfasis en cada afirmación. “Todo eso hace muy difícil una historia con solidaridad… y tenemos democracias de muy baja intensidad”. Vuelve otra vez sobre la política: “Se pretende el desprestigio de la política presentándola como el mundo de los sucios, donde todos son corruptos”. ¿Cuál es la alternativa? “Los gestores, los gerentes que actúan por fuera de la política. Y esto es muy peligroso, porque, yo creo, no se resuelve nada sin pasar por el mundo de la política”.
“Nadie sabe hacia dónde vamos” reitera. Y, a modo de anécdota refiere conversaciones que ha mantenido con militares brasileños. “Algunos quieren que vuelvan los militares pero ellos mismos no quieren afrontar la situación porque perciben la gravedad de la crisis”, dice mientras sonríe con picardía.
Pone su esperanza en los movimientos populares y en su capacidad de movilización. “Los movimientos sociales están despertando y ocupando las calles”, señala. Pero vuelve a advertir que “no hay líderes y eso hace difícil la construcción de alternativas. Quizás la crisis facilite la emergencia de nuevas personas que asuman esos lugares de liderazgos”.